Los días 05 y 06 de junio de 2009 se produjeron en la zona de Bagua, Amazonas enfrentamientos entre fuerzas policiales y grupos de pobladores nativos. El lamentable resultado fue de treinta y tres personas fallecidas - 24 policías y 9 pobladores civiles – según cifras oficiales. Del mismo modo, resultaron heridas 155 personas, de las cuales sólo 12 se mantienen hospitalizadas.

Ninguna institución del Estado, la Policía Nacional, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, ni instituciones como la Cruz Roja tienen información de que existan más víctimas civiles. El Gobierno peruano lamenta profundamente las muertes de policías y civiles y espera que la situación vuelva a la normalidad, habiendo quedado profundamente consternado por el hecho que varios policías fueron torturados y brutalmente asesinados.

Las diversas instituciones encargadas de administrar justicia y aplicar la ley con autonomía, el Ministerio Público, los Defensores de Oficio, la Defensoría del Pueblo, realizan todos los esfuerzos necesarios para esclarecer estos lamentables sucesos, dentro del marco que corresponde a una democracia y a un estado de derecho. En esa línea, el Gobierno ha ejercido las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción y proporcionándoles la asistencia legal y la supervisión de las autoridades competentes. Y en el proceso judicial correspondiente, las personas implicadas continuarán gozando de todas las garantías inherentes al debido proceso.

La comunidad internacional está contribuyendo con este esfuerzo. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está presente en el terreno y tiene la autorización irrestricta para realizar su labor humanitaria, la cual el Gobierno alienta a proseguir.

El objetivo del gobierno es evitar la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera. Ellos han deforestado y destruido más de 10 millones de hectáreas en los últimos años.

Para defender este patrimonio ecológico de la humanidad, reforestar las áreas destruidas y establecer el orden, el gobierno impulsó una legislación moderna que respeta la intangibilidad de 12 millones de hectáreas de propiedad de los 320,000 nativos de las etnias amazónicas y de los otros 15 millones de hectáreas de santuarios naturales. Pero movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras y ello motivó la toma de carreteras y de plantas productivas. Obligada por la ley, la policía procedió a desbloquear las vías siendo agredida con armas de fuego que causaron 24 víctimas y ante lo cual debió responder. No hubo pues la mortandad civil que medios sensacionalistas han difundido, como lo demuestra la proporción de víctimas.

Cabe señalar que, con el propósito de buscar una solución a las causas de esta situación, las fuerzas políticas del país han acordado suspender la aplicación de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, y crear el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos – conformado por miembros del Ejecutivo, Presidentes de los Gobiernos Regionales de la Amazonía y representantes de los pueblos indígenas - que estará a cargo de la formulación de un Plan Integral de desarrollo sostenible para dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, formalización de tierras y demás medidas necesarias.

El Gobierno peruano reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en esta delicada problemática y su voluntad de evitar la destrucción de la amazonía, cumpliendo su compromiso con las propias etnias nativas y con el futuro de la humanidad.

Lima, 11 de junio de 2009.